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LA NUEVA REFORMA LABORAL

¿tiene en cuenta la realidad del trabajo en Colombia?



En Colombia, desde la Ley 50 de 1990 se han realizado reformas para abaratar los costos laborales y de esa manera ser competitivos. El Director encargado de la Escuela Nacional Sindical en la Cátedra abierta Reforma laboral del Gobierno: consecuencias sociales, explicó los pormenores de la nueva reforma laboral y analizó si esta se adapta a las necesidades de la población colombiana.

«Creo que si hay una diferencia entre 200.000 pesos entregados por una vez a que te den una pensión de un salario mínimo de por vida».

Organizaciones como la Asociación Nacional de Instituciones Financieras –ANIF–, el Consejo Gremial Nacional, Fenalco e incluso el Banco de la República, han propuesto algunas ideas para reducir costos laborales a través de la eliminación del 4 % de los aportes a las Cajas de Compensación Familiar; la moderación del salario mínimo; la reducción de costos de despido; dar vía libre a la tercerización; eliminar las horas extras, recargos nocturnos y dominicales; y crear salarios rurales, urbanos, por regiones, entre otros.


En ese sentido, el Decreto 1174 de 2020 reglamentó el Artículo 193 del Plan de Desarrollo Nacional que crea el Piso de Protección Social –PPS–, en donde los ciudadanos con relación contractual laboral o por prestación de servicios que devenguen menos de un salario mínimo legal, deberán vincularse a este sistema. Asimismo, el Artículo 198establece que, si una persona ahorra para el régimen contributivo y no logra pensionarse, existe la posibilidad de que los aportes no se reintegren como saldo devolutivo, sino que vayan al sistema de Beneficios Económicos Periódicos –BEPS–.


Para la Organización Internacional del Trabajo –OIT–, el –PPS– debe agrupar una serie de garantías mínimas asociadas al acceso a servicios esenciales de salud e ingresos mínimos durante todo el ciclo vital de las personas. Un concepto de pilares y de dignificación de la vida humana, que adquiere relevancia en la medida que el Estado colombiano va en vía contraria a esta idea.


«Al ser un piso, tiene una connotación ascendente, es decir, que el Estado debe promover que se avance hacia un siguiente escalafón, que para el caso de Colombia sería la Seguridad Social contributiva, fundamentalmente de prima media y complementarse con el ahorro voluntario», explicó el director encargado de la Escuela Nacional Sindical, Carlos Julio Díaz Lotero; quien agregó que «Los términos de devolución son alrededor del 40% del salario mínimo legal, equivalente a $400.000, pero puede ser mucho menos, $200.000 o $300.000 mensuales».


Para Díaz Lotero, el PPS guarda importantes diferencias con el actual sistema pensional del país. Por ejemplo, la aplicabilidad del seguro inclusivo para un trabajador que gana $200.000, el aporte sería del 1%; en caso de requerir una indemnización por imposibilidad para trabajar, ésta llegaría a $200.000 y sería entregado una sola vez. «Creo que si hay una diferencia entre 200.000 pesos entregados por una vez a que te den una pensión de un salario mínimo de por vida».


Hay otras formas de entender la competitividad logrando mejoras a través de la productividad económica que incluye, por ejemplo, infraestructura, tecnología, precios y mayor eficiencia. Centro de Medellín. Cortesía Alcaldía de Medellín.


La Misión Levy se ha propuesto hacer un diagnóstico del mercado laboral colombiano, generar una serie de documentos y arrojar recomendaciones de política, sin embargo, el Director encargado de la Escuela Nacional Sindical, destacó que los resultados de su análisis parecen no considerar elementos importantes del mundo del trabajo en el país. «No consideraron los impactos de la tecnología en una sociedad donde hay grandes debates frente a las transformaciones que esto trae para el mundo del trabajo, no consideraron los cambios normativos que ha tenido el país, los diseños institucionales y el balance de las reformas y sus beneficios. No abordan el panorama fiscal, los créditos y los derechos de propiedad ni la organización y negociación colectiva representada en los sindicatos para emitir, por ejemplo, recomendaciones en materia de desempleo e informalidad», señaló Carlos Díaz Lotero. El sector sindical tiene una participación reducida en Colombia, agregó Díaz, con alrededor del 4,9% de afiliación y una cobertura de 7% en negociación colectiva, por lo tanto, «no tener en cuenta esta dinámica de la democracia en el mundo del trabajo es también lamentable por su omisión en las variables de análisis de la Misión Levy», recalcó el líder sindical.

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